miércoles, 19 de agosto de 2009

LOS MEDIOS, SOBRE LAS MANIOBRAS DE GIUSTINIANI PARA GANARLE LAS INTERNAS BONAERENSES A JORGE RIVAS

La Prensa
Revés para Giustiniani en el socialismo


El Juzgado Federal con Competencia Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó la convocatoria a elecciones internas en el Partido Socialista (PS) bonaerense.
La Justicia "resolvió rechazar de oficio la convocatoria a elecciones internas efectuada por el interventor partidario, el mendocino Carlos Maniero, atento que la misma resultaba violatoria de elementales prescripciones de la Carta Orgánica", señala urr comunicado, que firman Jorge Rivas, Ariel Basteiro, Oscar González, Guillermo Torremare, Andrés Cordeu, Esperanza Córdoba, Paula Orsini y Carlos Boufflet.
"Con tal resolución judicial queda acreditada la mala fe, la indolencia y la falta de escrúpulos demostrada por el nombrado interventor -quien actúa a las órdenes del senador santafecino Rubén Giustiniani- en su actuación de facto en la provincia de Buenos Aires, generando la frustración de los afiliados bonaerenses quienes esperaban con expectativas la normalización partidaria en el distrito", aseguran.
En el comunicado sostienen que "ello se suma al hecho delictivo instigado y encubierto con su firma por el señor Maniero, consistente en la presentación ante ¡ajusticia Electoral de fichas de afiliación correspondientes a ciudadanos que al momento de suscribir su adhesión al socialismo se encontraban fallecidos desde varios años atrás".



La Capital - Rosario
PS: suspenden la interna bonaerense

El Juzgado Federal con competencia electoral bonaerense rechazó la convocatoria a elecciones internas en el Partido Socialista de ese distrito.
   La Justicia “resolvió rechazar de oficio la convocatoria a elecciones internas efectuada por el interventor partidario, Carlos Maniero, atento que la misma resultaba violatoria de elementales prescripciones de la carta orgánica”, señala el comunicado que firman Jorge Rivas, Ariel Basteiro, Oscar González, Guillermo Torremare, Andrés Cordeu, Esperanza Córdoba y Paula Orsini.
   “Con tal resolución judicial queda acreditada la mala fe, la indolencia y la falta de escrúpulos demostrada por el nombrado interventor, quien actúa a las órdenes del senador Rubén Giustiniani, en su actuación de facto en la provincia de Buenos Aires, generando la frustración de los afiliados bonaerenses quienes esperaban con expectativas la normalización partidaria en el distrito”, aseguran.
   En el comunicado sostienen que “ello se suma al hecho delictivo instigado y encubierto con su firma por el señor Maniero, consistente en la presentación ante la Justicia Electoral de fichas de afiliación correspondientes a ciudadanos que al momento de suscribir su adhesión al socialismo se encontraban fallecidos desde varios años atrás”.
   La nota agrega que “por esa actividad delictiva, el Juzgado Federal a cargo del doctor Manuel Blanco se vio obligado a ordenar el procesamiento penal de cuatro colaboradores inmediatos del susodicho interventor: Julio Enrique Ghione, Adriana Kreiman, Martín Morichetti y Pablo Melgarejo”.
   “Siendo deber inexcusable del interventor la convocatoria a elecciones internas a efectos de elegir legítimas autoridades partidarias, exigimos inmediatas acciones en ese sentido para que se normalice el partido con anterioridad al día 29 de septiembre de 2009”, concluye el comunicado.


Página 12
Se tiran con todo, menos con claveles rojos

El juzgado federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó la convocatoria a elecciones internas en el Partido Socialista bonaerense, aunque el interventor del partido, el mendocino Carlos Maniero, decidió seguir adelante hasta que la sentencia esté firme.

La Justicia “resolvió rechazar de oficio la convocatoria a elecciones internas efectuada por el interventor partidario, atento que la misma resultaba violatoria de elementales prescripciones de la Carta Orgánica”, sostiene un comunicado difundido ayer y firmado entre otros por los diputados Jorge Rivas y Ariel Basteiro, socialistas K y enfrentados con la conducción nacional del PS.

“Con tal resolución judicial queda acreditada la mala fe, la indolencia y la falta de escrúpulos demostradas por el nombrado interventor –quien actúa a las órdenes del senador santafesino Rubén Giustiniani– en su actuación de facto en la provincia de Buenos Aires, generando la frustración de los afiliados bonaerenses, quienes esperaban con expectativas la normalización partidaria en el distrito”, continúa el comunicado.

El secretario general del PS, Carlos Roberto, reconoció ante Página/12 que “hubo una resolución del juez el viernes, la cual no está firme”, por lo que “el interventor decidió seguir adelante”. Alineado con el socialismo santafesino, que forma parte del Acuerdo Cívico y Social, Roberto se muestra confiado en que “la Cámara electoral va a ratificar lo decidido por el interventor”.

Sin embargo, el ala disidente del partido, con mayor arraigo en el territorio bonaerense, fue aún más allá al denunciar el “hecho delictivo instigado y encubierto con su firma por el señor Maniero, consistente en la presentación ante la Justicia Electoral de fichas de afiliación correspondientes a ciudadanos que al momento de suscribir su adhesión al socialismo se encontraban fallecidos desde varios años atrás”.

El comunicado detalla que “por esa actividad delictiva el juzgado federal a cargo del doctor Manuel Blanco se vio obligado a ordenar el procesamiento penal de cuatro colaboradores inmediatos del susodicho interventor: Julio Enrique Ghione, Adriana Kreiman, Martín Morichetti y Pablo Melgarejo”.

Desde el PS nacional rechazan esos cargos y sostienen que la medida de la Justicia responde a una cuestión formal de presentación de documentación concerniente a las elecciones internas, que se viene repitiendo desde que comenzó la intervención, en el año 2002, y que en subsiguientes instancias van a quedar salvadas, por lo que confían en que la única lista presentada, encabezada por el diputado provincial Carlos Nivio y el diputado nacional Ricardo Cuccovillo, será habilitada para normalizar así la situación del PS bonaerense.



El Día - La Plata (Provinciales)
Intervino la Justicia por denuncias en el Socialismo

Cuatro afiliados al Partido Socialista bonaerense, pertenecientes al sector que lidera el senador nacional Rubén Giustiniani, fueron imputados penalmente por la justicia por presentar fichas de afiliación de ciudadanos fallecidos, según informaron dirigentes del propio partido.

Se trata de Julio Ghione, Martín Morichetti, Pablo Melgarejo y Adriana Kreiman, todos ellos designados por el interventor en el Partido Socialista (PS) de la provincia de Buenos Aires, Carlos Maniero, para certificar la legalidad de las fichas de adhesión al PS de el distrito.

Los acusados están sometidos a un proceso penal en el juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza, luego de la investigación que realizó el juez federal con competencia electoral, Manuel Blanco, cuyo expediente lleva el número 16.121, bajo la carátula "Partido Socialista s/afiliaciones comprobadas a ciudadanos fallecidos", de acuerdo a lo indicado por fuentes partidarias.

Según figura en el expediente, los imputados pertenecen a cuatro distritos diferentes: Ghione es de La Plata; Morichetti de Bahía Blanca; Melgarejo de Almirante Brown; y Kreiman de Morón.

Tras la resolución judicial, allegados al presidente del PS, Rubén Giustiniani, informaron que el senador "no iba a opinar del asunto", ya que no fue responsable del nombramiento de los acusados.

Al respecto, los dirigentes Ariel Basteiro y Oscar González, integrantes del sector disidente del PS bonaerense que lidera el diputado Jorge Rivas, dijeron que el accionar de los acusados fue "con el ánimo de engrosar apócrifamente el padrón partidario ante la inminencia de las elecciones internas que se vieron obligados a convocar".

"El interventor partidario autorizó la inclusión de fichas con los datos de al menos ocho ciudadanos fallecidos", añadieron los dirigentes bonaerenses.

Para ambos socialistas, "este episodio demuestra cabalmente la catadura moral de quiénes no trepidan en pedir nuestra expulsión y la de Jorge Rivas, por expresar nuestra disidencia con quiénes aspiran a conducir al PS hacia la coalición derechista de Elisa Carrió y Patricia Bullrich".

Los imputados por el delito de falsificación de documento público podrían ser condenados a penas de hasta seis años de prisión, según lo dispone el Código Penal.