09/11/2014 Miradas Al Sur - Nota - Sociedad - Pag. 34
Política
Derecho a decidir, una cuestión de salud pública
La falta de dictamen de la Comisión de Legislación Penal tiene una sola consecuencia previsible: sin la sanción de la ley, el Estado seguirá siendo cómplice de violencia de género y habrá más mujeres muertas como consecuencia de intervenciones clandestinas.
La falta de dictamen de la Comisión de Legislación Penal tiene una sola consecuencia previsible: sin la sanción de la ley, el Estado seguirá siendo cómplice de violencia de género y habrá más mujeres muertas como consecuencia de intervenciones clandestinas.
Política
La falta de dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ocurrida el martes pasado, tiene una sola consecuencia previsible: en la Argentina habrá mujeres que seguirán muriendo en una involuntaria clandestinidad al verse obligadas a someterse a abortos ilegales. Se trata, en definitiva, de una forma de violencia de género que cuenta con la complicidad del Estado.
Por ser una actividad ilegal, es muy difícil precisar el número de víctimas de abortos clandestinos, aunque un solo caso ya sea un escándalo en una sociedad que viene creciendo desde hace más de tres décadas en un marco de convivencia democrática. Las últimas estadísticas oficiales las produjo el Ministerio de Salud de la Nación en 2011 y los números fríos dicen que en la Argentina se practican entre 300.000 y 400.000 abortos clandestinos por año. Como consecuencia, unas 80.000 mujeres terminan hospitalizadas a causa de prácticas abortivas, incompletas y realizadas en condiciones precarias. Siempre según esas estadísticas, cien de esas mujeres pierden la vida. Como se trata de un fenómeno donde la subnotificación de casos es inevitable, no es aventurado afirmar que las cifras reales son mucho mayores. Las más afectadas son las mujeres de los sectores más desprotegidos de la sociedad, ya que la falta de recursos económicos las obliga a abortar sin las más mínimas condiciones sanitarias.
El tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un tema urgente. Su sanción no implicará seguramente la solución total del problema. Deberá ser complementada con un fácil acceso a la información para prevenir los embarazos no deseados.
Para comprobar de qué manera la ausencia de legislación hace que el Estado sea cómplice de todas y cada una de las muertes producidas como consecuencia de los abortos clandestinos basta comparar estas cifras con las de un país cercano. Un informe del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, realizado en diciembre de 2013 a un año de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, señala que durante ese período se registró una fuerte disminución de casos con respecto a años anteriores. Se registraron 6.676 abortos realizados en instituciones públicas y privadas sin que se produjera ninguna muerte. En cambio, se tiene registro de una muerte como consecuencia de un aborto ilegal autopracticado.
Los principales datos estadísticos elaborados por la cartera de salud uruguaya indican que, cuando en el período de 1995 a 2002 se estimaban unos 33 mil abortos ilegales por año de promedio, tras la puesta en vigencia de la ley, en 2012-2013, se registraron apenas los 6.676 casos mencionados, es decir disminuyeron un 80%. Desde la promulgación de la ley en diciembre de 2012, para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, la mujer debe cumplir una serie de requisitos, como acudir a una consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, para que un equipo interdisciplinario evalúe la situación. Luego, tiene cinco días para ratificar su decisión mediante la firma de un consentimiento informado, que junto a otros datos se asientan en un registro oficial. En ese período, el 6,3% de las mujeres que consultan decide continuar con su embarazo.
El caso uruguayo, junto con el de Cuba donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1965, muestra cómo el sinceramiento y el abordaje por parte del Estado de un problema sanitario que intenta ocultarse debido a prejuicios morales y religiosos (y también por motivos económicos, ya que la ilegalidad del aborto conlleva el montaje de un negocio clandestino). La comparación con lo que ocurre en el resto de América latina y el Caribe es altamente esclarecedora. Según una investigación divulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 4 millones de mujeres inducen un aborto en la región todos los años. De este total, 1,4 millones son brasileñas y una de cada mil muere por causa del aborto debido a que la mayoría de los procedimientos son ilegales, se realizan en la clandestinidad y, frecuentemente, en condiciones peligrosas. Como resultado de este hecho, la región enfrenta un problema serio de salud que amenaza la vida de las mujeres, pone en riesgo su salud reproductiva e impone una severa presión a sistemas de salud y hospitales ya sobrecargados, dice el informe. Y agrega: La preocupación existente por el alto nivel de abortos clandestinos en América latina no es nueva. Los legisladores y profesionales médicos, en los últimos treinta años, son conscientes de que son aplicados procedimientos inseguros en la mayoría de los países de la región, a un nivel que ha provocado graves consecuencias para la salud de la mujer y para el costo de los servicios de salud nacionales.
AQUÍ Y AHORA. El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró por quinta vez en el Congreso en abril de este año. Fue cajoneado cuatro veces para que perdiera estado legislativo. En ese sentido, lo ocurrido el martes en la Comisión fue un avance: por primera vez se pudieron escuchar las posiciones de los diferentes sectores en el ámbito que decidirá (o no) discutir sobre tablas y sancionar (o no) la ley. Tampoco se puede dejar de señalar cierto grado de hipocresía. La falta de quórum para que se avanzara en el tratamiento del proyecto se debió a la ausencia, entre otros, de un significativo número de diputados del Frente para la Victoria. En ese hecho es imposible soslayar un dato subyacente: la explícita manifestación contraria a la ley de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La posición nebulosa de muchos de los precandidatos presidenciales tampoco ayuda. En un tema como éste, la ausencia de tantos miembros de la Comisión puede interpretarse como decir, sin decirlo: de eso no se habla. O, a la manera de Bartleby: Preferiría no hacerlo.
Quien esto escribe considera necesario, aunque ocupe espacio en estas líneas, dejar constancia de los nombres de todos y cada uno de los diputados que ya han manifestado su apoyo al proyecto: Adela Segarra (Fpv), Nicolás del Caño (PTS), Adriana Puiggrós (FpV), Victoria Donda (Libres del Sur), Manuel Garrido (UCR), Juan Carlos Zabalza (PS), Margarita Stolbizer (GEN), Claudio Lozano (UP), Araceli Ferreyra (FpV), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Ramona Pucheta (Frente por la Inclusión Social), Laura Alonso (PRO), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Juliana Di Tullio (Fpv), Néstor Pitrola (FIT), Jorge Rivas (FpV), Lautaro Gervasoni (FpV), Ana Gaillard (FpV), Jorge Barreto (FpV), Liliana Mazure (FpV), Verónica Magario (FpV), Víctor de Gennaro (UP), María Linares (GEN), Ricardo Cuccovillo (PS), Omar Barchetta PS), Élida Rasino (PS), Pablo López (FIT), Roy Cortina (PS), Gabriela Troiano (PS), Antonio Riestra (UP), Remo Carlotto (FpV), Leonardo Grosso (FpV), María del Carmen Bianchi (FpV), Diana Conti (FpV),Juan Carlos Junio (Nuevo Encuentro), Liliana Ríos (FpV), Héctor Recalde (FpV), María Eugenia Zamarreño (FpV), Gloria Bidegain (FpV), Herman Avoscán (FpV), Silvia Scotto (FpV), Mara Brawer (FpV), Mónica Gutiérrez (FpV), Gastón Harispe (FpV), Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro), Horacio Pietragalla (FpV), Gladys Soto (FpV), Eduardo Santín (UCR), Fabián Peralta (GEN), Alicia Ciciliani (PS), Enrique Vaquié (UCR), Pablo Javkin (CC), Fabián Rogel (UCR), Miguel Ángel Bazzé (UCR), Ana Carrizo (UNEN), Edgardo Depetri (FpV), Josué Gagliardi (FpV), Andra García (FpV), Carlos Gdansky (FpV), Mario Oporto (FpV), Eduardo Seminara (FpV), José Ciampini (FpV) y Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo).
Como se señaló más arriba, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se opone al proyecto, aunque dejó entender que no vetará la ley en caso de ser aprobada. Miradas al Sur consultó a algunos de los precandidatos presidenciales sobre su posición sobre el tema. Jorge Altamira se manifestó a favor; Daniel Scioli respondió a través de su vocero: Daniel siempre estuvo en contra; Ernesto Sanz se opone al proyecto; Mauricio Macri dijo que estaba a favor de la vida, sin aclarar la de quién; y Sergio Massa no contestó a la pregunta.
Por otra parte, la transversalidad que existe en el apoyo al proyecto permite un moderado optimismo. Desde el retorno de la democracia, sobre esa base se han logrado aprobar no pocas normas de insoslayable interés social, como en el caso de las leyes de divorcio vincular, de unión civil o de identidad de género.
El tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un tema urgente. Su sanción no implicará seguramente la solución total del problema. Deberá ser complementada con un fácil acceso a la información para prevenir los embarazos no deseados y a un Estado que favorezca el acceso a los métodos anticonceptivos.
No sólo está en juego la salud de centenares de miles de ciudadanas argentinas. Se trata, también, de construir un país más justo e inclusivo.
Tirada: 12185
Difusión: 48740
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Derecho a decidir, una cuestión de salud pública
La falta de dictamen de la Comisión de Legislación Penal tiene una sola consecuencia previsible: sin la sanción de la ley, el Estado seguirá siendo cómplice de violencia de género y habrá más mujeres muertas como consecuencia de intervenciones clandestinas.
La falta de dictamen de la Comisión de Legislación Penal tiene una sola consecuencia previsible: sin la sanción de la ley, el Estado seguirá siendo cómplice de violencia de género y habrá más mujeres muertas como consecuencia de intervenciones clandestinas.
Política
La falta de dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ocurrida el martes pasado, tiene una sola consecuencia previsible: en la Argentina habrá mujeres que seguirán muriendo en una involuntaria clandestinidad al verse obligadas a someterse a abortos ilegales. Se trata, en definitiva, de una forma de violencia de género que cuenta con la complicidad del Estado.
Por ser una actividad ilegal, es muy difícil precisar el número de víctimas de abortos clandestinos, aunque un solo caso ya sea un escándalo en una sociedad que viene creciendo desde hace más de tres décadas en un marco de convivencia democrática. Las últimas estadísticas oficiales las produjo el Ministerio de Salud de la Nación en 2011 y los números fríos dicen que en la Argentina se practican entre 300.000 y 400.000 abortos clandestinos por año. Como consecuencia, unas 80.000 mujeres terminan hospitalizadas a causa de prácticas abortivas, incompletas y realizadas en condiciones precarias. Siempre según esas estadísticas, cien de esas mujeres pierden la vida. Como se trata de un fenómeno donde la subnotificación de casos es inevitable, no es aventurado afirmar que las cifras reales son mucho mayores. Las más afectadas son las mujeres de los sectores más desprotegidos de la sociedad, ya que la falta de recursos económicos las obliga a abortar sin las más mínimas condiciones sanitarias.
El tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un tema urgente. Su sanción no implicará seguramente la solución total del problema. Deberá ser complementada con un fácil acceso a la información para prevenir los embarazos no deseados.
Para comprobar de qué manera la ausencia de legislación hace que el Estado sea cómplice de todas y cada una de las muertes producidas como consecuencia de los abortos clandestinos basta comparar estas cifras con las de un país cercano. Un informe del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, realizado en diciembre de 2013 a un año de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, señala que durante ese período se registró una fuerte disminución de casos con respecto a años anteriores. Se registraron 6.676 abortos realizados en instituciones públicas y privadas sin que se produjera ninguna muerte. En cambio, se tiene registro de una muerte como consecuencia de un aborto ilegal autopracticado.
Los principales datos estadísticos elaborados por la cartera de salud uruguaya indican que, cuando en el período de 1995 a 2002 se estimaban unos 33 mil abortos ilegales por año de promedio, tras la puesta en vigencia de la ley, en 2012-2013, se registraron apenas los 6.676 casos mencionados, es decir disminuyeron un 80%. Desde la promulgación de la ley en diciembre de 2012, para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, la mujer debe cumplir una serie de requisitos, como acudir a una consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, para que un equipo interdisciplinario evalúe la situación. Luego, tiene cinco días para ratificar su decisión mediante la firma de un consentimiento informado, que junto a otros datos se asientan en un registro oficial. En ese período, el 6,3% de las mujeres que consultan decide continuar con su embarazo.
El caso uruguayo, junto con el de Cuba donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1965, muestra cómo el sinceramiento y el abordaje por parte del Estado de un problema sanitario que intenta ocultarse debido a prejuicios morales y religiosos (y también por motivos económicos, ya que la ilegalidad del aborto conlleva el montaje de un negocio clandestino). La comparación con lo que ocurre en el resto de América latina y el Caribe es altamente esclarecedora. Según una investigación divulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 4 millones de mujeres inducen un aborto en la región todos los años. De este total, 1,4 millones son brasileñas y una de cada mil muere por causa del aborto debido a que la mayoría de los procedimientos son ilegales, se realizan en la clandestinidad y, frecuentemente, en condiciones peligrosas. Como resultado de este hecho, la región enfrenta un problema serio de salud que amenaza la vida de las mujeres, pone en riesgo su salud reproductiva e impone una severa presión a sistemas de salud y hospitales ya sobrecargados, dice el informe. Y agrega: La preocupación existente por el alto nivel de abortos clandestinos en América latina no es nueva. Los legisladores y profesionales médicos, en los últimos treinta años, son conscientes de que son aplicados procedimientos inseguros en la mayoría de los países de la región, a un nivel que ha provocado graves consecuencias para la salud de la mujer y para el costo de los servicios de salud nacionales.
AQUÍ Y AHORA. El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró por quinta vez en el Congreso en abril de este año. Fue cajoneado cuatro veces para que perdiera estado legislativo. En ese sentido, lo ocurrido el martes en la Comisión fue un avance: por primera vez se pudieron escuchar las posiciones de los diferentes sectores en el ámbito que decidirá (o no) discutir sobre tablas y sancionar (o no) la ley. Tampoco se puede dejar de señalar cierto grado de hipocresía. La falta de quórum para que se avanzara en el tratamiento del proyecto se debió a la ausencia, entre otros, de un significativo número de diputados del Frente para la Victoria. En ese hecho es imposible soslayar un dato subyacente: la explícita manifestación contraria a la ley de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La posición nebulosa de muchos de los precandidatos presidenciales tampoco ayuda. En un tema como éste, la ausencia de tantos miembros de la Comisión puede interpretarse como decir, sin decirlo: de eso no se habla. O, a la manera de Bartleby: Preferiría no hacerlo.
Quien esto escribe considera necesario, aunque ocupe espacio en estas líneas, dejar constancia de los nombres de todos y cada uno de los diputados que ya han manifestado su apoyo al proyecto: Adela Segarra (Fpv), Nicolás del Caño (PTS), Adriana Puiggrós (FpV), Victoria Donda (Libres del Sur), Manuel Garrido (UCR), Juan Carlos Zabalza (PS), Margarita Stolbizer (GEN), Claudio Lozano (UP), Araceli Ferreyra (FpV), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Ramona Pucheta (Frente por la Inclusión Social), Laura Alonso (PRO), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Juliana Di Tullio (Fpv), Néstor Pitrola (FIT), Jorge Rivas (FpV), Lautaro Gervasoni (FpV), Ana Gaillard (FpV), Jorge Barreto (FpV), Liliana Mazure (FpV), Verónica Magario (FpV), Víctor de Gennaro (UP), María Linares (GEN), Ricardo Cuccovillo (PS), Omar Barchetta PS), Élida Rasino (PS), Pablo López (FIT), Roy Cortina (PS), Gabriela Troiano (PS), Antonio Riestra (UP), Remo Carlotto (FpV), Leonardo Grosso (FpV), María del Carmen Bianchi (FpV), Diana Conti (FpV),Juan Carlos Junio (Nuevo Encuentro), Liliana Ríos (FpV), Héctor Recalde (FpV), María Eugenia Zamarreño (FpV), Gloria Bidegain (FpV), Herman Avoscán (FpV), Silvia Scotto (FpV), Mara Brawer (FpV), Mónica Gutiérrez (FpV), Gastón Harispe (FpV), Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro), Horacio Pietragalla (FpV), Gladys Soto (FpV), Eduardo Santín (UCR), Fabián Peralta (GEN), Alicia Ciciliani (PS), Enrique Vaquié (UCR), Pablo Javkin (CC), Fabián Rogel (UCR), Miguel Ángel Bazzé (UCR), Ana Carrizo (UNEN), Edgardo Depetri (FpV), Josué Gagliardi (FpV), Andra García (FpV), Carlos Gdansky (FpV), Mario Oporto (FpV), Eduardo Seminara (FpV), José Ciampini (FpV) y Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo).
Como se señaló más arriba, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se opone al proyecto, aunque dejó entender que no vetará la ley en caso de ser aprobada. Miradas al Sur consultó a algunos de los precandidatos presidenciales sobre su posición sobre el tema. Jorge Altamira se manifestó a favor; Daniel Scioli respondió a través de su vocero: Daniel siempre estuvo en contra; Ernesto Sanz se opone al proyecto; Mauricio Macri dijo que estaba a favor de la vida, sin aclarar la de quién; y Sergio Massa no contestó a la pregunta.
Por otra parte, la transversalidad que existe en el apoyo al proyecto permite un moderado optimismo. Desde el retorno de la democracia, sobre esa base se han logrado aprobar no pocas normas de insoslayable interés social, como en el caso de las leyes de divorcio vincular, de unión civil o de identidad de género.
El tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un tema urgente. Su sanción no implicará seguramente la solución total del problema. Deberá ser complementada con un fácil acceso a la información para prevenir los embarazos no deseados y a un Estado que favorezca el acceso a los métodos anticonceptivos.
No sólo está en juego la salud de centenares de miles de ciudadanas argentinas. Se trata, también, de construir un país más justo e inclusivo.
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